Seminario internacional en Guatemala abordó el tema de industrias extractivas.

"¿Industrias extractivas y desarrollo sostenible?"...

Con este título se realizó el jueves 7 de abril, en Guatemala, un importante seminario internacional que reunió a expositores de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Chile en un debate acerca del estado actual de este tema. En la imagen, el ex Ministro de Medio Ambient y Recursos, de El Salvador (de camisa) junto al ex Director de asuntos ambientales de Costa Rica y el Embajador de Chile en Guatemala.  A continuación, la exposición de Chile:

"Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este Seminario y por la posibilidad de presentar una reflexión a partir de la experiencia chilena.  Mi primera constatación, después de escuchar las presentaciones de la inauguración de este evento es que lo relevante es poder responder la pregunta que preside este Seminario. En mi concepto, el tema de las industrias extractivas va más allá del tema minero e independientemente del carácter técnico o económico de ello, lo fundamental es que estos temas siempre son eminentemente político; se adoptan decisiones políticas y se crean efectos políticos. Entonces, lo primero que debiéramos hacer es un primer acercamiento político del tema.

La  relación entre industrias extractivas y desarrollo sostenible es un tema muy desafiante. Se relacional con el crecimiento de la economía en un plano nacional e internacional y ha generado una gran demanda de materias primas y un mayor consumo de energía. Las industrias extractivas se han desarrollo en estos conextos y presionan a los Estados por mayores facilidades. Esto se ha visto incrementado en el caso de minerales e hidrocarburos. En este último período de años, América Latina concentra la mayor inversión minera y junto a Centroamérica y el Caribe es la principal fuente de metales y la segunda más importante en petróleo. Tan sólo en el primer trimestre del 2014 se produjo en el continente más de 10 millones diarios de barriles de petróleo y más de 800 millones de metros cúbicos de gas natural. Esta es una región que posee una tercera parte de los minerales del mundo y nueve países que producen la mayor cantidad de petróleo, gas y minerales (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela), concentran el 10% de total mundial de petróleo, el 5% de gas natural, el 15% del oro, el 45% de la plata y el 40% del cobre, a nivel mundial. Son países que suman un 60% de las exportaciones totales de combustibles y minerales y contribuyen a una tercera parte del total de los ingresos de los gobiernos.  A nivel mundial las industrias extractivas generan más del 50% de los ingresos de los gobiernos en países ricos en petróleo y más del 20% en los países ricos en minerales.

Estos son parte de los datos de realidad. La contraparte está dada por el hecho de que las prácticas extractivas han generado también importantes problemas como impactos medioambientales negativos, corrupción institucional y empresarial y pérdidas económicas y no está suficientemente claro si estos  procesos extractivos reditúan formas concretas de beneficio social, a pesar de que estas industrias generan insumos que son indispensables para la construcción, el gas para el transporte y consumo doméstico, fertilizantes, y son en definitiva un factor de desarrollo para nuestras sociedades.

El dilema es ¿en qué momento y bajo qué condiciones es posible convertir a la industria extractiva en un proceso  que, gestionado adecuadamente pueda contribuir a una infraestructura y servicios básicos que sean percibidos como un factor de progreso socialmente incluyente?.  Organismos internacionales han promovido una cierta idea de Gobernanza de los recursos naturales, en donde el propósito sea minimizar los costos medioambientales y maximizar los beneficios sociales del proceso extractivo. Hoy, claramente el tema es otro.

ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA CHILENA.

Chile, a lo largo de 52 años de historia, desde los tiempos de la Alianza para el progreso ha transitado por tres ciclos de preguntas y respuestas. Entre 1964-1973, podemos caracterizar el desarrollo de nuestro país en el marco de un modelo de sustitución de importaciones, con mucho énfasis en un modelo de desarrollo hacia adentro, con industrialización y el inicio de procesos de extracción de recursos naturales a una escala mayor.

Entre 1973 y 1989, durante el período de la dictadura militar se instauró un régimen de economía dura de libre mercado, con una abrumadora política de privatización de empresas, despojándose al Estado de un valioso patrimonio histórico y ampliando la base de explotación de recursos naturales como base productiva, sin ningún tipo de normativa suficientemente precautoria. Este es un período de plena instalación de las industrias extractivas, con capitales nacionales y extranjeros.

Entre 1989 y hasta el 2013, en general, y con la recuperación de nuestra democracia la economía chilena ya ampliamente internacionalizada y con la necesidad de poner fronteras al régimen de libre mercado, se hizo necesario poner énfasis en la creación de una institucionalidad ambiental y este tema se pone en el debate nacional a partir de 1990, cuando se inicia la transición democrática hasta 1994 cuando el Congreso aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (ley 19.300) y se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y de esto surgen las primeras normas de calidad y de emisión y se ponen en marcha el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y los Planes de Descontaminación.  En consecuencia, los proyectos extractivos tienen que someterse ahora a un riguroso proceso de aprobación con medidas y normas cada vez más estrictas y complejas.

La concepción democrática que ha estado detrás de estos criterios normativos parte de la idea de que nuestros recursos naturales son muy importantes para el desarrollo del país y el tratamiento que se les brinde constituye un tema de soberanía y dignidad nacional y por tal motivo, en los debates nacionales respecto  de los impactos negativos del proceso extractivo, está presente la convicción de que hay que precaver la pérdida de tales recursos y el consiguiente deterioro ambiental y que hay que buscar alternativas como las facilidades para la explotación de recursos naturales no renovables y establecer formas de impuesto para que quienes contaminen tengan que rendir un tributo específico.

En ese sentido, Chile en los últimos años se ha esmerado en perfeccionar los siguientes instrumentos jurídicos:

• El Código Sanitario, para regular la descarga de aguas servidas, los residuos industriales y mineros.
• El Código de Aguas, orientado a regular de mejor manera el aprovechamiento del recurso agua, considerado un bien de derecho público.
• El Código de Minería, que tiene entre otros objetivos la protección de nuestras cuencas, ríos y afluentes.
• El Reglamento del Ministerio de la Defensa Nacional para el Control de la Contaminación Acuática,
• La Norma de Emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado, a las aguas marinas y continentales superficiales.

Y en el caso minero, Chile tiene vigente:

• La Ley medio ambiental 19.300 y el sistema de evaluación de impacto ambiental.
• Ha perfeccionado el Reglamento de construcción y operación de tranques de relaves,
• Y en materia de Protección agrícola ha establecido medidas técnicas y prácticas para evitar la contaminación de los productos agrícola por residuos o desechos industriales.
• También se ha establecido el Decreto 745 sobre Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, brindando mayor dignidad a los consumidores y empleados que laboran en industrias de faenas diversas.
• A esto se asocian medidas de carácter territorial como los Planes Regulaores comunales e intercomunales y los que se refieren a los suelos agrícolas y la ganadería se encuentra regulada por el Sevicio Agrícola y Ganadero, SAG , que cuenta con una Ley Orgánica para preservar la calidad de nuestros productos agrícolas.

En diciembre del 2015 la Presidenta de la República, Michelle Bachelet dió a conocer ante el país una renovada visión del sector energético hasta el 2050, con la idea de hacerlo confiable, inclusivo, competitivo y sostenible. La idea es que la energía sea un factor fundamental de nuestro desarrollo presente y futuro, pero no de cualquier forma ni de cualquier tipo.  Se trata de una propuesta que tome verdaderamente en cuenta el desarrollo de las personas, el cuidado del medio ambiente y esto se exprese en un sistema productivo que tenga como eje el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Esto implica proyectar para el país un concepto de “energía sustentable” en donde el eje sea la confiabilidad en un sistema energético que se adecúe a la sustentabilidad ambiental, con eficiencia y desarrollando una cultura energética.  En tal sentido se han definido siete ejes y 99 medidas. Entre los ejes figuran el desarrollo sostenible, ordenamiento territorial, promoción de la participación y del diálogo social y el desarrollo de mecanismos de asociatividad. Esto deriva también de un nuevo e importante contexto social, en donde existe un marcado empoderamiento de la ciudadanía, que está exigiendo mayor atención hacia el cuidado y desarrollo de un medio ambiente sustentable y mayor diálogo en relación al uso de los suelos y de la planificación energética.

Territorio y desarrollo energético; territorio y riquezas marinas, forestales y mineras no son hoy un tema baladí para la sociedad chilena y por lo tanto lo que está hoy en marcha es la búsqueda, la obligación y el desarrollo de mejores prácticas de trabajo asociativo y participativo entre las empresas y la comunidad, particularmente para hacer posible que determinados proyectos cuenten con los consensos necesarios para su validación social y cultural.  Con tal propósito y a modo de ejemplo, en el Ministerio de Energía se ha creado recientemente la División de Participación y Diálogo Social, que tiene como expreso propósito “propiciar un mayor y mejor desarrollo de la energía en Chile, a través de la participación, el diálogo y la validación social de los proyectos”.

RELACION DE ESTE TEMA CON EL CONVENIO 169.

Un punto de especial interés para nuestro Gobierno es el relativo a la relación, por ejemplo, entre los proyectos de desarrollo energético y Pueblos Indígenas en Chile.  Sobre una población de 18 millones de habitantes, los indígenas de mi país somos un 10% a lo menos. Esto es 1 millón ochocientas mil personas, de las cuales el Pueblo Mapuche (Gente de la Tierra), de donde provengo, y soy el primer indígena que viene a desempeñar el cargo de Embajador en la historia diplomática de mi país, somos el 70% de los indígenas de Chile.  Por cierto, estos datos no son comparables con la enorme riqueza étnica existente en Guatemala, con más del 55% de población indígena y eso sí constituye un enorme desafío para el reconocimiento de derechos e inclusión de los pueblos Maya, Katchiquel y Garífona.

La División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía, realiza su labor en relación con los Pueblos Indígenas de mi país, basados en la normativa del Convenio 169 de la OIT, aprobado y promulgado en el año 2008. Este Convenio que hoy es Ley de la República de Chile ya tiene una vigencia de ocho años y fue aprobado marzo y promulgado en octubre del 2008. En Guatemala, el Convenio 169 fue aprobado por el Congreso el 5 de marzo de 1996. Fue ratificado ante la OIT por el Gobierno el 10 de abril de 1996 y entró en vigor el 5 de junio de 1997.  A diferencia de Chile, el Convenio 169 aquí en Guatemala tiene una vigencia de 20 años, superando con creces el estándar de su relevancia y sus resultados –en dos décadas acá- deberían ser muy ampliamente visibles.  No obstante me sorprende saber que estando vigente hace 20 años este instrumento que cautela derechos concretos de los Pueblos Indígenas, acá en Guatemala aún está en discusión si el mecanismo de consulta –que es fundamental para conocer la opinión concreta de las comunidades- todavía está en discusión.  En Chile, aunque nos demoramos 18 años en aprobar el Convenio en democracia, el Reglamento de Consulta fue implementado al año siguiente.  Entonces, en este tema, en relación con las normas del Convenio 169 tenemos muchas preguntas y respuestas que compartir entre Chile y Guatemala.

En los últimos meses en mi país, entonces, en lo que concierne al Ministerio de Energía se han realizado diversas formas de consulta indígena en relación con proyectos energéticos que afectan tierras indígenas. En Chile, el Estado a partir del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato del año 2004 reconoce que los Pueblos Indígenas sí tienen una demanda legítima de territorio y respecto de ello, el Estado reconoció una deuda histórica y por ejemplo, respecto de proyectos que requieren concesión de explotación geotérmica, especialmente en el norte de Chile están en pleno proceso ocho sustanciales procesos de consulta con Comunidades Indígenas Aymaras y Atacameños, para la evaluación de proyectos de gran envergadura relacionados con este tipo de energía y  Chile, está respetando el estándar del Convenio 169 que obliga a considerar la opinión de tales comunidades y evaluar y mitigar los impactos negativos de los proyectos.

¿Dónde están los problemas respecto del desarrollo de todos estos temas?.

Chile es una de las economías de más rápido crecimiento en América latina en los últimos 10 a 15 años. No obstante tenemos una dependencia importante respecto del cobre, que es nuestra riqueza natural más significativa  y Chile está ubicado entre los cinco mayores países productores de cobre a tajo abierto. El precio del cobre a nivel internacional es determinante en nuestra balanza de pagos. Por lo tanto, el país busca fuentes de recursos alternativos y éstos están en la explotación controlada de la riqueza marina, en los minerales del subsuelo, en energías nuevas y potentes como la geotérmica e hidroeléctrica y en una producción agrícola, ganadera y acuífera que han abierto nuevos mercados. Un rol importante ocupa en este escenario la industria forestal y están en plena discusión sus efectos, virtudes y limitaciones.

Somos también un país consciente de los nuevos grandes problemas que derivan del cambio climático, la escasez y contaminación de aguas y del aire, el deterioro de suelos, la crisis energética y la pérdida de biodiversidad. Son temas que ocupan diariamente la atención de los chilenos y de nuestras instituciones y, por cierto, esto representa muchas interrogantes.

PROYECCIONES.

A menudo la extracción de recursos naturales implica mucha discusión y radicalidad en diversos grupos, en un sentido y otro. En algunos casos, y con justificada argumentación se denuncia que ni siquiera las comunidades o localidades son beneficiadas con la rentabilidad que produce la industria extractiva. En otros casos, se trata de proyectos que implican depredaciones mayúsculas de riquezas básicas como el bosque nativo, que se regenera en forma natural pero lenta. En Chile este tipo de bosque constituye el 87% de la superficie forestal del país. Entonces, la introducción industrial de especies ajenas como el pino insigne, que comprende hoy el 85% de la superficie plantada, junto al eucaliptus y el álamo, son objeto de franca discusión y cuando la extracción forestal afecta a tierras indígenas, las tensiones sociales y políticas se elevan a niveles más altos y esto es un tema que nos ocupa para buscar soluciones.

La minería está vinculada al comercio exportador y constituye el 40% de nuestras exportaciones. Son recursos que están en casi toda la corteza terrestre y los mayores yacimientos mineros se ubican en la Cordillera de los Andes y su explotación contrasta con la biósfera natural de los cerros, los acueductos de aguas naturales, la depredación de suelos y la explotación profunda de los subsuelos y las industrias presionan al Estado y a la sociedad y no siempre están disponibles para comprender la necesidad de construir un consenso con la sociedad.

Es cuando surgen los conflictos, muchos de ellos muy intensos y necesariamente hay que reconocerlo, muy justos y legítimos.  Estos son, entonces, los problemas que deben abrir camino a una efectiva Gobernanza democrática  de las tensiones y al establecimiento de una Iniciativa institucional de Transparencia de la Industria Extractiva, para promover y establecer una participación coordinada entre sector público, sector privado y sociedad civil, y así las empresas podrán comprender que transparentar sus proyectos es fundamental para validarlos a partir de un consenso social que haga viable, de igual modo, el concepto de responsabilidad social empresarial mediante los tributos que sean necesarios de considerar.  

En suma: los proyectos de la industria extractiva en el marco de una sociedad genuinamente democrática, en un Estado de Derecho, no son un libre albeldrío; no pueden implicar una idea de “tierra arrasada” o “botín de la rentabilidad extrema” sin responsabilidad social alguna. Si hay algo esencial hoy, y tomando en cuenta la pregunta que preside este importante Seminario, es que debemos reconocer que entre desarrollo sostenible e industrias extractivas hay una muy fuerte tensión y que tales industrias tienen que comprender, que en el contexto de una sociedad y de un planeta que claman por un mayor cuidado, la rentabilidad a ultranza de los proyectos no se condice con la precaución de promover un desarrollo social inclusivo y equitativo. Por otra parte, los Estados de la región tienen una enorme responsabilidad en cautelar de verdad el interés ciudadano y velar porque el desarrollo de nuestras sociedades sea inclusivo, y que éstas son sus prioridades y no los compromisos mediante los cuales, a veces, se hace la vista gorda o se es negligente en la aplicación de las Leyes, especialmente de protección ambiental.

Tenemos entonces un desafiante camino por delante, para lograr construir consensos sociales y políticos que el desarrollo sostenible de nuestras sociedades no tenga que sacrificar de manera extrema nuestras riquezas naturales. Muchas gracias por la gentileza de ustedes de escucharme. Mis mejores deseos para cada uno"